La decisión judicial apunta a investigar graves irregularidades en la distribuidora de cable. Una dotación de Gendarmería ingresó al edificio y fue agredida por ejecutivos a escupidas y golpes. Designaron un co-administrador para separarla de Multicanal, con quien se había fusionado. La división no afectará a usuarios.
La empresa Cablevisión fue intervenida por un año esta mañana, luego de que así lo dispusiera la Justicia de Mendoza, en relación con graves irregularidades por parte de la distribuidora de cable. Al parecer, la empresa estaría incurriendo en delitos por "abuso de posición dominante" en el mercado cableoperador. En medio del operativo, denunciaron golpes de puño al designado co-administrador, Enrique Anzoise, quien fue agredido por los trabajadores de la compañía que expresaban temor a perder sus fuentes de empleo, lo que había sido echado a rodar como un rumor. Ricardo Mastronardi, asesor letrado del interventor, aseguró que las autoridades de la empresa impidieron la ejecución de la medida judicial y aclaró que la decisión "está firme y debe ejecutarse".
La denuncia es de la empresa Supercanal, compañía con sede en Mendoza que opera en 15 provincias y en dos de ellas compite con el Grupo Clarín. La Justicia pide que Cablevisión cese la "práctica dominante" desde su fusión con Multicanal. Así, ordenó poner un co-administrador que deberá separar las dos empresas unidas en 2006, operación que había sido desaconsejado por parte de autoridades del Ministerio de Economía.
Además, la empresa deberá separar las marcas, el personal, las redes y los abonados de Multicanal y Cablevisión. En ese punto, se dispuso que esa separación "no afecte" a los usuarios. Asimismo deberá ser distinguida la administración de las compañías, entre otras medidas.
Anzoise, designado interventor, denunció a través de su abogado, Ricardo Mastronardi, que varios directivos y empleados lo agredieron verbalmente y luego escupieron, golpearon e insultaron también a funcionarios y gendarmes, mientras duraba el allanamiento. El juez federal Walter Bento, titular del Juzgado Federal N°1 de la ciudad de Mendoza, que ratificó la decisión de la Cámara, será notificado de que los ejecutivos se negaron a la intervención de la empresa.
En la sede de la compañía, de Hornos 690 en el barrio de Barracas, estuvo personal de Gendarmería, unos 30 efectivos, ejecutando la orden judicial en busca de material que aporte datos a la investigación. Según informó A24, los gendarmes llegaron a las 9 de la mañana y el allanamiento se realizó en el piso noveno donde están las oficinas administrativas, acompañados por policías federales.
