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Hasta El 2012 Ejercio En Un Juzgado De Saladas
La Corte Suprema ratificó la validez del proceso de destitución de un ex juez
En marzo del 2013, el Jurado de Enjuiciamiento destituyó por mal desempeño a Ramón Ramírez. Días atrás, los magistrados de la Nación desestimaron el recurso de queja que presentó por la sanción que implicó su expulsión del cargo.

En noviembre del 2012, el entonces juez Correccional y de Instrucción de Saladas, Ramón Ramírez fue suspendido en sus funciones debido a que se le inició un juicio político por presunto mal desempeño en el cargo. Meses después fue destituido del cargo pero, tal como anticipó en aquella oportunidad, apeló la sanción inclusive ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Csjn). Pero desde esta instancia, días atrás, desestimaron el recurso de queja que presentó. Y así ratificaron la validez del proceso de enjuiciamiento.
Sobre esto, desde el Superior Tribunal de Justicia informaron ayer que “con fecha 8 de mayo, la Csjn expresó que quien acude al escrutinio de esa decisión deberá demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente, con flagrancia, un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio que, asimismo, exhiba relevancia para variar la suerte de la causa en función de la directa e inmediata relación que debe tener la cuestión federal invocada con la materia del juicio”.
En este contexto, en el fallo los magistrados expresaron que “el afectado no logró demostrar que la entidad del agravio que pregonaba permitiera sortear el limitado margen de revisión que se admite en asuntos de esta naturaleza”.
“Tampoco Ramírez acreditó de qué modo la intervención de los miembros de la Corte local al disponer, por un lado, la instrucción de un sumario administrativo, y posteriormente, la remisión de copias para que se inicie el trámite de remoción previsto en la constitución local y en la ley respectiva, le habría generado un menoscabo de la naturaleza que invoca”, alegaron. Tras lo cual concluyeron que “y se advirtió que la intervención inicial de los miembros de la corte local en este proceso, disponiendo la instrucción del sumario administrativo y luego el envío de las actuaciones al Consejo de la Magistratura, se enmarcaba en el contexto del ejercicio de las funciones de gobierno o superintendencia propia del máximo Tribunal Provincial, y no se demostró que se incurriera en afectación de la garantía que invocaba Ramírez”.
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